¡Aquí puede estar su marca!

Le Dan la Espalda El día que nadie quiso declarar a favor de Duarte

Gabriela Rasgado

Xalapa, Ver.- Flavino Ríos Alvarado, exgobernador interino; Mauricio Martín Audirac Murillo, exsecretario de Finanzas y Planeación; y Francisco Valencia García, exdirector de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) se negaron a declarar a favor de Javier Duarte de Ochoa.

Hasta la misma periodista Adela Micha estaba contemplada por su defensa para aportar este domingo pruebas que beneficiaran al exgobernador. Nada. Ni ella fue presentada.

Durante la audiencia de vinculación a proceso del exmandatario veracruzano, sorpresivamente su defensa se desistió de presentar testimonios ofrecidos en el término constitucional, que empezó a correr desde el pasado miércoles.

Ninguno de sus excolaboradores quiso ayudar a Duarte de Ochoa en los procesos que la Fiscalía General del Estado (FGE) le instruye por haber usado recursos públicos para escapar, y haber malversado 220 millones de pesos.

La víspera, aun se esperaba que el exgobernador pudiera presentar como medios de prueba las declaraciones de quienes van como partícipes en las carpetas, particularmente Ríos Alvarado, Audirac y Valencia, pero finalmente no se presentaron dichas pruebas.

Incluso, ni siquiera el testimonio de Miguel Pablo Sastré Portugal, mismo que aparece como quien dio la orden a dos pilotos de trasladar a Duarte de Ochoa a Coatzacoalcos, fue presentado.

La defensa de Duarte de Ochoa pretendía que también se desahogara una testimonial de la periodista Adela Micha Saga, quien en octubre del 2016 entrevistó a Flavino Ríos Alvarado y este confesó que facilitó una aeronave para el exgobernador cuando este ya no era servidor público, aeronave con la que pudo abandonar Xalapa, luego Veracruz y posteriormente el país.

Hasta ahora, Duarte ha conseguido todo lo contrario a sus intenciones, pues sin mayor presión de por medio, Mauricio Audirac y Arturo Bermúdez Zurita han declarado desde prisión en su contra.

Los testimonios que obran en las carpetas de investigación de la FGE, robustecen los señalamientos que podrían costarle hasta 38 años de cárcel.